La presidente de la Comisión de Igualdad y Violencia Política del Ceepac, Denisse A. Porras Guerrero, reveló que en el proceso electoral del 2018 se detectaron 300 casos de mujeres violentadas políticamente, de los cuales ninguno terminó con sanción para el agresor.
Calificó este fenómeno de preocupante y urgió al Congreso del Estado a que rescate o haga las iniciativas de ley necesarias para crear un marco normativo que garantice los derechos de las mujeres que en San Luis Potosí participan en política.
Los 300 casos fueron detectados y documentados mediante un estudio de campo realizado con apoyo de la organización civil Educiac y el Instituto Nacional Electoral (INE), durante los comicios del año pasado.
Ningún caso derivó en denuncia, precisamente porque no hay base legal para sancionar a los agresores. Porras Guerrero, presidente también del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, lamentó que, de momento, solo se pueda hacer visible la problemática, señalar, a la espera de los cambios necesarios en la ley.
Declaró que una vez tipificado el delito de violencia política en razón de género, y una vez existiendo la sanción y la autoridad encargada de dar seguimiento y castigar a los agresores, seguramente muchas mujeres se animarán a denunciar y se conocerá la realidad del fenómeno.
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