De 2015 a julio de 2019, San Luis Potosí ha abierto 32 carpetas de investigación por el delito de aborto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Según los datos oficiales, en 2015la entidad reportó cinco casos de ese ilícito, uno en febrero; uno en junio; uno en agosto, uno en septiembre y uno en noviembre. Para 2016, la fuente de información gubernamental, reportó ocho carpetas de investigación, una en febrero; una en abril; tres en agosto; una en septiembre y dos en diciembre.
En 2017, el SESNSP registró un total de siete procedimientos abiertos por la Fiscalía General del Estado (FGE), dos en marzo; dos en abril; uno en febrero; uno en julio y uno en septiembre.
En 2018 contabilizó un total de 10 carpetas de investigación, tres en abril; dos en julio; dos en noviembre; uno en febrero; uno en mayo y uno en junio.
De enero a julio de 2019, la entidad acumula dos casos, ambos iniciados en julio.
Según el Artículo 148 del Código Penal del Estado, la mujer que de forma voluntaria procure la interrupción fetal “se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización”.
A finales de marzo pasado, se presentó una iniciativa –respaldada por legisladores de Morena- para despenalizar dicha práctica, cuyo documento fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asistencia Social, las cuales serán las encargadas de darle seguimiento.
En respuesta a ello, el 29 de agosto pasado, José Luis Espinosa Piña, vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C. (CMDH), declaró que, con la presentación de dicha moción, se está cometiendo “una aberración jurídica”.
